Nuestro despacho actúa en defensa de los ciudadanos cuando la Administración Pública prescinde de los derechos civiles que debería proteger, así como cuando desconoce o infringe los principios que deben regir su actuación.
Cuando la Administración Pública se sitúa fuera de los cauces de la legalidad y actúa arbitrariamente, vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos e infringiendo el principio de legalidad, la intervención de los tribunales es esencial para preservar el Estado de Derecho y evitar que éste se acerque a la resbaladiza pendiente del Estado totalitario.
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